La Justicia federal de Santa Fe investiga matanza indígena del siglo 19 como delito de Lesa Humanidad

La matanza indígena San Antonio de Obligado de 1887, llega a los tribunales para ser investigada como delito de lesa humanidad. De esta manera, está más cerca de tener su juicio de la verdad como ocurrió con la masacre de Napalpí de 1924, dados los últimos avances en la instrucción de la causa que incorporó la declaración de académicos y sumó al equipo Argentino de Antropología Forense (Eaaf).

A finales de febrero, el fiscal federal de Reconquista tomó declaración al antropólogo y becario del Conicet Francisco Mora; y al historiador local Luciano Sánchez . Y el 9 y 10 de marzo se realizaron los primeros trabajos de sondeo en el área donde se supone que fueron enterrados al menos 16 de indígenas fusilados hace 136 años, tarea que estuvo a cargo del antropólogo Juan Nóbile del Eaaf.

«Como no hay imputados porque todos fallecieron, se busca hacer una reconstrucción histórica y condenar los hechos como parte de un genocidio de Estado que es el encuadre de delito que permite llevar adelante una causa penal a pesar del tiempo transcurrido», dijo a Télam la abogada Cintia Chávez que representa a las cuatro comunidades denunciantes: An Añaxag y Qompi de Las Toscas, Dalaxay de San Antonio de Obligado y Natocoi de Florencia, todas qom menos la última que es qom/moqoi.

La letrada explicó que «es muy importante investigar a través de una causa judicial porque eso permite acceder a archivos» y todo lo que se incorpora a la investigación es en calidad de pruebas testimoniales, documentales o periciales.

«Se está transitando un proceso con la misma rigurosidad que se aplica a cualquier otro delito y la idea es desterrar todas las versiones erróneas para lograr contar una historia lo más cercana posible a lo que efectivamente pasó», indicó.

La letrada explicó que «una parte importante de las pruebas son los testimonios de los descendientes de sobrevivientes», quienes comparten un relato que se viene transmitiendo como memoria oral de generación en generación y cuyas «imprecisiones» son menos importantes que «la vigencia del tema en las comunidades», donde su recuerdo sigue produciendo «angustia y dolor».

«Si bien podemos hablar de diferentes avances, la realidad del indígena del norte argentino o del gran Chaco sigue siendo de mucha vulnerabilidad», agregó este historiador que inició su investigación a partir de las preguntas que surgieron cuando se encontró con el cuadro que Orlando Binaghi pintó en 1962 sobre el episodio.

La «Campaña del desierto verde»

Hacia 1884, cinco comunidades de los pueblos indígenas moqoit y qom de la zona del chaco santafesino accedieron a asentarse definitivamente en la reducción religiosa San Antonio de Padua de Obligado, que se creó en territorios cercanos a la Colonia Las Toscas, mediante un acuerdo con el Gobierno nacional, el cual les prometió escriturar a su nombre esas tierras a futuro.

Las negociaciones para conformar la reducción cuyo objetivo era convertir a los indígenas a la cultura occidental cristiana e introducirlos como mano de obra barata al capitalismo en su versión agroexportadora, habían sido encabezadas por el misionero franciscano y jefe espiritual de esa misión Ermete Constanzi.

Los indígenas no sólo debían trabajar en las tierras de la reducción sino también en los ingenios azucareros de localidades vecinas o para la guarnición militar de Las Toscas cuyo comandante era Marcos Piedra.

Algunos años más tarde, las condiciones de vida en la misión comenzaron a empeorar, con epidemias, abusos físicos, castigos de las autoridades militares y falta de alimentos.

Mientras tanto, los títulos de propiedad seguían haciéndose esperar, sobre todo desde que la reducción pasó a ser parte de la provincia de Santa Fe. El reclamo de esas tierras en favor de los indígenas le costaría la vida incluso 10 años después de la masacre, al propio Ermete Constanzi.

La relación entró definitivamente en crisis durante el verano de 1887 cuando el Ejército nacional raptó una niña indígena para cumplir un pedido del gobernador del Territorio Nacional de Misiones y hermano del presidente Julio Argentino Roca, Rudecindo, que había solicitado le envíen «una chinita» para servidumbre.

La indignación derivó en sublevación de una parte de los reducidos, quienes asesinaron a Piedra y a otro soldado antes de abandonar la misión para internarse en el monte. En respuesta, el ejército reprimió con dureza fusilando a 16 indígenas -14 hombres, una mujer y un niño- que no habían participado de la revuelta y permanecían en San Antonio. Durante los siguientes 10 días continuaron los asesinatos, en un número indeterminado.