Indagarán al ex jefe de Gabinete de Scioli por supuesta malversación de 10 millones de pesos
El fiscal de La Plata, Álvaro Garganta, citó a indagatoria al ex jefe de Gabinete de Daniel Scioli, Alberto Pérez para el día 7 de Noviembre en el marco de la causa que lo investiga por supuestas maniobras para “encubrir gastos” por más de $ 10 millones. También cito a Walter Carbone, ex director de Administración de Jefatura de Gabinete, el hombre al que en un allanamiento le encontraron una caja fuerte dentro de una escultura de un dragón.
En su justificación la resolución establece que “existen elementos suficientes para tener por acreditado con el grado de convicción que ésta instancia requiere que entre los años 2014 y 2015, el entonces titular del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, y el titular de la Subsecretaría Administrativa, sustrajeron en por lo menos 25 ocasiones la suma aproximada de 10.720.347 pesos (DIEZ MILLONES, SETECIENTOS VEINTE MIL, TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS) destinados a supuestos eventos, mediante autorización expresa de pago en efectivo del primero a favor del segundo, que luego rendían con facturas apócrifas”.
El dictamen indica que “la estructura ilícita de vaciamiento se realizó a través de diferentes reparticiones, especialmente concentradas por medio de la Jefatura de Gabinete de Buenos Aires a cargo de Alberto Pérez”.
La citación a los imputados, a la que tuvo acceso Clarín, da cuenta de un total de 25 “eventos” en los que la jefatura de Gabinete recibió dinero en efectivo y rindió con facturas apócrifas. Para ello, se aparaban en el ítem “anticipos para gastos”, que de acuerdo al testimonio de la tesorera Lidia Cristina Tórtora, de la ex Jefatura de Gabinete, único rubro que se abonaba en efectivo.
En esos casos, un funcionario solicitaba una “resolución de otorgamiento” que firmaba el “ministro Pérez” para realizar determinado evento y “eso pasaba a la Dirección de Contabilidad que mandaba a hacer la orden de pago extrapresupuestaria”. Sin embargo, luego debía rendirse una factura correspondiente. Es allí, donde la Justicia detectó irregularidades.
Según el escrito judicial, hay empresas con direcciones inexistentes, otras firman que no siquiera existen y otras que desconocen haber prestado servicios para la gobernación. En total, se pudo acreditar que en 25 de esos eventos organizados se pidieron anticipos de gastos por más de 10 millones de pesos cuya rendición fue irregular o con facturas truchas.
