El Gobierno habilitó a Santa Fe a administrar rutas nacionales con concesiones y peajes
El Poder Ejecutivo delega en la provincia la facultad de licitar, adjudicar y administrar tramos de rutas nacionales. La medida habilita esquemas de concesión con cobro de peaje, aunque la Nación mantiene la titularidad y el control general.
El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, oficializó este viernes un nuevo esquema para la gestión de rutas nacionales que impacta de lleno en la provincia de Santa Fe. A través del Decreto 253/2026, el Ejecutivo delegó en la administración de Maximiliano Pullaro la facultad de otorgar concesiones de obra pública con peaje sobre corredores que atraviesan su territorio.
Santa Fe podrá concesionar rutas nacionales
La medida habilita a la provincia a avanzar en la administración, reparación, ampliación y mantenimiento de rutas nacionales mediante esquemas de concesión a empresas privadas, mixtas o entes públicos provinciales. Esto implica que Santa Fe podrá licitar, adjudicar y explotar tramos viales, incluyendo el cobro de peajes como mecanismo de financiamiento.
Uno de los puntos centrales es la intervención sobre la ruta A012, considerada estratégica para mejorar los accesos a los puertos del Gran Rosario. Se trata de un corredor clave para la logística agroexportadora, donde el gobierno provincial busca avanzar de manera inmediata.
Planes en marcha para la A012
El Ministerio de Obras Públicas santafesino ya diseñó un plan de contingencia de unos 5.000 millones de pesos para mejorar el estado actual de la calzada. En paralelo, trabaja en un proyecto de largo plazo que contempla la creación de un ente público-privado, con participación de comunas, que permita financiar el mantenimiento mediante una tasa única a camiones que ingresen a terminales portuarias.
Además, la provincia cuenta con financiamiento aprobado de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para llevar adelante el plan integral.
Cómo funcionará el nuevo esquema
Para hacer efectiva la delegación, Santa Fe deberá firmar convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad. En esos acuerdos se definirán aspectos clave:
Peajes, control y responsabilidades
El decreto establece que los ingresos por peajes deberán destinarse exclusivamente al tramo concesionado, sin posibilidad de redirigir fondos a otras obras.
También fija que la provincia asumirá la responsabilidad legal por los contratos y eventuales reclamos, manteniendo indemne al Estado nacional.
A pesar de la delegación, la propiedad y jurisdicción de las rutas seguirán siendo nacionales, y la Nación conservará el control técnico. Incluso, podrá retomar la gestión en caso de razones de interés público.
