Investigan a cardiólogo que atiende en un pueblo de Santa Fe de solo 5 mil habitantes y facturó más de $1.000 millones en prácticas médicas truchas a través del PAMI

Un médico cardiólogo de Acebal, una localidad santafesina de poco más de 5.000 habitantes situada a 70 kilómetros de Rosario, es investigado por la Justicia Federal y por el PAMI por una presunta maniobra de estafa que habría llevado adelante junto a un enfermero que sería su pareja.

La obra social de los jubilados denunció que el profesional habría facturado más de 50.000 prácticas médicas entre fines de 2023 y principios de 2025, por un monto que supera los 1000 millones de pesos en solo 16 meses.

La causa N° 149297/2025 empezó a partir de una presentación de PAMI en agosto del año pasado. Todo comenzó cuando afiliados de Córdoba detectaron que figuraban como pacientes de un cardiólogo en Santa Fe, pese a no haber viajado nunca a esa provincia.

La obra social tomó nota de la irregularidad y dio aviso a la Unidad Fiscal PAMI, a cargo del fiscal Javier Arzubi Calvo, que puso la lupa sobre el caso.

No tenía orden de arresto en su contra; tanto el cardiólogo como el enfermero quedaron detenidos en medio de una serie de allanamientos, ya que en su casa encontraron casi 300 ampollas de fentanilo y morfina, por lo que se abrió una causa paralela para investigar su procedencia y determinar si esos fármacos eran vendidos en el mercado negro.

Una maniobra imposible de sostener: 300 prácticas por día y pacientes de todo el país

El análisis de la facturación encendió todas las alarmas. El médico informaba haber realizado hasta 300 prácticas diarias en su consultorio de Acebal, una cifra que los investigadores calificaron de “materialmente imposible” para un solo profesional en una localidad tan pequeña.

Pero el escándalo no terminó ahí. De los 5082 afiliados a los que supuestamente atendió, casi la mitad eran de Córdoba y cientos más vivían en distintas provincias, desde Tucumán hasta Tierra del Fuego.

Para los fiscales, esto es un indicio claro de falsedad: “Implicaría que esas personas hayan decidido viajar a Acebal solo para atenderse con este médico en particular”, señalaron a TN.

El detalle de las prácticas transmitidas por el cardiólogo muestra que el grueso de las atenciones correspondía a afiliados de la UGL 9 Rosario (20.504 prácticas) y la UGL 3 Córdoba (20.216 prácticas), pero también figuran pacientes de Mendoza, Mar del Plata, San Martín, Lanús, Capital Federal, La Plata y otras 30 unidades de gestión local.

El modus operandi: órdenes médicas electrónicas falsas y un socio enfermero

Según la denuncia, el médico accedía al sistema informático de INSSJP (PAMI) con su usuario y contraseña, y generaba Órdenes Médicas Electrónicas (OME) falsas a nombre de afiliados de todo el país. Luego, informaba la supuesta realización de esas prácticas, todas de cardiología, y así lograba que la obra social le pagara sumas millonarias.

El 97% de las OME fueron generadas por el usuario del propio acusado y solo un pequeño porcentaje desde otros usuarios.

Además, los investigadores detectaron un patrón: en 80 fechas distintas, todas las prácticas facturadas correspondían a afiliados cuyos apellidos comenzaban con la misma letra, como si hubiera seguido el padrón alfabéticamente.

La maniobra incluyó la creación de una SRL junto a un enfermero, que también quedó involucrado en la causa. Ambos fueron allanados y la Justicia secuestró documentación en el consultorio de Acebal y en el domicilio particular del médico en Wheelwright.

Hallazgo inesperado: fentanilo y morfina en el domicilio del cardiólogo

Durante los allanamientos, los fiscales encontraron un dato que sumó gravedad al caso. En la casa del médico hallaron ampollas de fentanilo utilizadas y ampollas de morfina sin usar.

Este hallazgo, que no formaba parte del objetivo inicial de la investigación, derivó en una nueva causa penal contra el cardiólogo y su socio. Ambos quedaron detenidos.

En total, los investigadores incautaron 243 ampollas de fentanilo usadas y 50 ampollas de morfina sin utilizar, ocultas en una caja fuerte en la casa compartida por los investigados.

Junto a estos elementos, los agentes también encontraron material quirúrgico, vacunas inyectables y medicamentos de uso hospitalario, entre ellos diclofenac, ketorolaco, dexametasona, dipirona, metoclopramida, diazepam, difenhidramina, hioscina y penicilina, además de bisturíes y otros insumos médicos.

Los fiscales atribuyeron a ambos profesionales el suministro de estupefacientes fuera de los casos terapéuticos autorizados y el ejercicio ilegal de la medicina, cargos que agravan la situación judicial de los imputados.

El juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa, dispuso la prisión preventiva para garantizar el avance de la investigación y evitar posibles riesgos procesales.

Qué detectó el PAMI y cómo se generan las auditorías

La investigación, que ya pasó la etapa preliminar en la UFI PAMI y ahora está en la Unidad Fiscal Rosario, busca establecer si hubo una defraudación contra la administración pública.

El expediente detalla que el médico transmitió prácticas por un valor de $1.014.234.544,20 y cobró $584.162.638,71, con partidas pendientes por más de $148 millones.

Los fiscales Javier Arzubi Calvo, Soledad García, Andrés Montefeltro y Virginia Sosa remarcaron que la mayor parte de los afiliados involucrados residen en otras provincias, lo que refuerza la hipótesis de una maniobra fraudulenta de gran escala.

PAMI, por su parte, confirmó a TN que también hay investigaciones abiertas sobre otros profesionales, aunque esas causas están en una etapa inicial. Se trata de una doctora de Moreno, otra profesional de Luján, y una tercera médica que atiende en Lanús, San Justo y Quilmes. A todas se les retuvieron los pagos.

Sobre las autorías, fuentes del organismo explicaron: «Son una práctica constante. De ahí, cuando se detectan irregularidades, se da paso a la justicia en los casos que ameriten. En el caso de médicos de cabecera, hubo otros casos en los que se dispusieron débitos de pagos y, en algunos expedientes, la retención preventiva de liquidaciones mientras continúan las investigaciones”, señaló una fuente.

“En todos los expedientes analizados, el criterio utilizado para detectar los desvíos consiste en calcular la cantidad máxima de consultas que un profesional podría realizar según las horas de atención que la persona declaró en el sistema institucional”, añadió.

“Esa capacidad teórica se compara luego con las prestaciones facturadas, y cuando existen diferencias significativas, se disponen auditorías y, según el caso, débitos o retenciones preventivas de pagos”, explicó.

Tanto el cardiólogo como el enfermero fueron imputados, pero todavía no fueron llamados a declarar. “Se aplica el código procesal penal nuevo que está vigente en Santa Fe. El próximo paso son las audiencias de formalización, el equivalente a una indagatoria”, señaló una fuente de la causa. Mientras tanto, seguirán detenidos con prisión preventiva.

TN intentó comunicarse con los abogados de los acusados, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.