Agentina recibe al FMI con menos déficit fiscal, inflación en baja y más planes sociales
No parece casual que los auditores del FMI, encabezados Roberto Cardarelli, y el director Ejecutivo por la Argentina ante el Fondo, Héctor Torres, comiencen a dar cumplimiento al artículo IV del estatuto del organismo de crédito multilateral, del cual el país es miembro, que exige que una vez por año miren las finanzas públicas y la realidad socioeconómica de cada socio, y luego presenten un informe al directorio, hoy presidido por Christine Lagarde, porque ocurre luego de que la inflación bajara al rango de poco más de 1% por mes, se presentara el Presupuesto 2017 con baja del déficit fiscal, finalizara la Audiencia Pública del Gas, y aparecieran los primeros indicadores con signos de aumento de la actividad productiva y comercial.
Su misión, que se extenderá por 12 días, no sólo se concentrará en reuniones técnicas con funcionarios del Gobierno, comenzando por el secretario de Política Económica, Pedro Lacoste, así como con el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger; el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay; y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, sino también con economistas de consultoras privadas, e inclusive con líderes sindicales y políticos de la oposición, que resaltarán, en muchos casos sus críticas al gradualismo de las medidas fiscales y a la política social del Gobierno.
Luego de ese proceso, se espera un informe sobre la evaluación de la fotografía de la economía argentina, con recomendaciones de política económica, las cuales no tienen más valor que eso, es decir sugerencias para avanzar más rápido hacia la plena normalización macroeconómica y la superación del delicado estado del cuadro social, y, probablemente, sugieran que se levante la moción de censura a las estadísticas del Indec.
LOS ARGUMENTOS QUE UTILIZARÁ EL EQUIPO ECONÓMICO
Se sabe que los expertos del Fondo Monetario Internacional tienen un claro sesgo fiscalista que los lleva casi siempre a recomendar a los gobiernos de los países miembros la adopción de más medidas que posibiliten avanzar más rápido hacia niveles de equilibrio fiscal y la estabilidad de precios, aunque toleran transitoriamente un déficit de hasta 3% del PBI -muy inferior al que registró la Argentina en los últimos años e incluso menor al previsto en el Presupuesto para 2017 que comenzará a tratar el Congreso de la Nación-.
