Caso Lanatta: un inesperado desafío para el macrismo, todavía con final incierto

Tardó menos de tres semanas María Eugenia Vidal en encontrarse con su primera gran encrucijada política. En los más encumbrados despachos de la gobernación bonaerense había en la tarde de ayer un dilema crucial cuya respuesta es todavía incierta: ¿Quién paga el costo político si la cacería de los hermanos Martín y Cristian Lanatta y de Víctor Schillaci no arroja resultados positivos en los próximos días? En esas oficinas del primer piso del edificio de 6 y 53 prefieren ser optimismas. En todo caso, aseguran, la trama político-judicial detrás del Triple Crimen de General Rodríguez, uno de los mayores escándalos de la administración kirchnerista, ofrece como rostro visible a Aníbal Fernández, el ex jefe de Gabinete que arrastra una imagen negativa del 80 por ciento. Es, por ahora, uno de los principales reaseguros de la gobernadora.

 

 

Vidal se topó frente a un desafío mayúsculo que la descolocó cuando todavía desempolvaba los resultados de la herencia de la anterior gestión. Un dilema crucial no solo por su responsabilidad como máxima autoridad de la provincia de Buenos Aires, sino por el poderío de sus rivales y por la connivencia de la política con un sistema mafioso con múltiples vinculaciones. Martín Lanatta y los protagonistas del Triple Crimen de General Rodríguez arrastran fuertes vínculos con funcionarios políticos, con traficantes, con comisarios de las policías Federal y de la provincia de Buenos Aires y con oscuros personajes de los servicios de Inteligencia. La gobernadora no tiene dudas acerca de la complicidad de funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Para colmo, en el allanamiento a uno de los hermanos de Schillaci, los investigadores se encontraron con una capacidad logística abrumadora: dos equipos de gps, una docena de teléfonos celulares y computadoras.