Condenaron a 4 años de prisión al penitenciario que intentó ingresar droga a la cárcel de Coronda
El penitenciario de 34 años de Laguna Paiva admitió expresamente la autoría del delito de tentativa de suministro de estupefacientes calificado. Además fue inhabilitado para trabajar en establecimientos penitenciarios y se le ordenó pagar una multa de 2.700.000 pesos.
Un agente del Servicio Penitenciario de la provincia identificado como Fausto M. fue condenado a cuatro años de prisión por haber intentado ingresar cocaína y marihuana a la cárcel de Coronda. Además, fue inhabilitado para brindar funciones en establecimientos penitenciarios y deberá pagar una multa de 2.700.000 pesos.
La sentencia fue dispuesta por el juez Jorge Patrizi, en el marco de un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
El fiscal que realizó la investigación es Ezequiel Hernández, quien informó que «se trata del segundo caso en el que un penitenciario resulta condenado por este tipo de delitos desde la entrada en vigencia de la ley provincial número 14.239, que adhiere a la Desfederalización de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes».
Miles de dosis
El funcionario del MPA señaló que «el domingo 23 de junio pasado, Fausto de 37 años– trató de entrar a la cárcel de Coronda con estupefacientes en su poder», y aseguró que «tenía la intención de entregárselos a personas privadas de su libertad en la unidad penitenciaria». En tal sentido, destacó que «el suministro no se concretó porque quienes se encargan del control de ingreso detectaron la conducta delictiva».
Según puntualizó Hernández, «al condenado se le secuestraron un trozo compacto de 498 gramos de cocaína; y dos trozos de marihuana, uno de 172 gramos y otro de 211 gramos». Al respecto planteó que «esa cantidad de drogas es equivalente a miles de dosis».
Juicio abreviado
El penitetenciario de Laguna Paiva admitió expresamente la autoría del delito de tentativa de suministro de estupefacientes calificado (por haber sido cometido por un funcionario público encargado de la guarda de presos).
Asimismo, junto con su abogado defensor, el condenado aceptó la atribución delictiva, la pena impuesta y la decisión de abreviar los procedimientos del juicio.
