En el Senado le apuntan a los fiscales por las escuchas a Pullaro
A diferencia de lo que sucede en la Cámara de Diputados, en el Senado no se analiza pedir que el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, vaya a dar explicaciones por las escuchas en las que habla con el jefe policial de la Regional V, Adrián Rodríguez, para decirle que se anote en un concurso de ascenso. Esa conversación habría sido el pie para que desde el Ministerio Público de la Acusación se pida a un juez que se pinche el teléfono del ministro. Ahora Pullaro hizo una denuncia penal y una administrativa porque está convencido que la intervención de su teléfono es al menos irregular y quiere saber si no es, directamente, ilegal.
El Bloque Primero Santa Fe (Frente Justicialista para la Victoria) ingresó formalmente un pedido para que el funcionario provincial vaya a dar las explicaciones del caso. Incluso en otras escuchas el ministro habla con el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, lo que algunos leen como un intento de injerencia del Ejecutivo en otro poder.
El senador justicialista, Armando Traferri, aseguró a UNO Santa Fe que ve «con mucha preocupación» lo que está pasando «porque ahí evidentemente hay una crisis institucional muy fuerte». El legislador expone un escenario donde cualquier salida implica un daño a alguna de las instituciones. «Pongámonos a pensar que cualquiera de las dos partes que tenga razón estamos ante un problema muy grave, una crisis institucional muy profunda. Por eso hay que ser precavidos, hay que ser cautos y dejar actuar a la Justicia», argumenta.
—¿Pero la Justicia no es parte del problema?
—En realidad no porque con la creación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) aparece otro poder en sí mismo que no depende ni de la Justicia, ni de la Legislatura ni del Ejecutivo; está en plena formación. Puede haber sido muy bueno desde lo teórico, pero en la práctica se empiezan a ver las deficiencias que tiene. Si a pocos meses de implementarse (el nuevo sistema penal que creó al MPA) ya tenemos entre 50 y 60 fiscales cuestionados por su accionar evidentemente hay algo que corregir y seguir trabajando. Una cosa es si corresponde que se escuche a un ministro a un legislador y hasta el propio Presidente de la Nación porque el fiscal considera que es importante para su investigación. Otra cosa es si es una escucha ilegal. Por eso hay que ser muy cautos y esperar porque en la Justicia están los mecanismos y de hecho el ministro hizo la denuncia correspondiente y ahora tendrá trabajo la auditoría, el fiscal general. Pero hay que esperar.
Por su parte, el senador Lisandro Enrico (UCR) se mostró sorprendido por cómo un medio de prueba, como una escucha telefónica, «que tiene que ser autorizado para observar la actividad sospechada de grupos delictivos termina siendo utilizada para hacer una escucha a un funcionario político».
Además, a Enrico le parece sospechoso que esa escucha, «que debe estar preservada por un expediente judicial termina llegando a un medio de comunicación vinculado a un sector político». Luego apuntó sin medias tintas: «Tengo toda la sospecha de que esta acción llevada adelante por el fiscal (Roberto) Apullán, igual que lo que pasó con la Municipalidad de Santa Fe –el allanamiento en el marco de la causa por presunto desvíos de fondos–, me parece más un abuso de autoridad de una persona que utiliza herramientas legales, que la ley le dio para la investigación penal, con fines políticos o con otros fines como fue el caso del fiscal Rodrigo que utilizaba las escuchas para seguir a su exnovia y a su exsuegro. Obviamente vamos a pedir que haya, como con los defensores y los jueces, un control de los actos que se llevan adelante y que sean para investigar y no para hacer operaciones políticas».
—¿Para usted no hay dudas de que Apullán fue quien filtró las escuchas telefónicas a Pullaro?
—Pero yo las conocí por un medio de comunicación.
—¿No pudo haber otra persona que lo haya hecho?
—El responsable del elemento de prueba es el MPA. Cuando yo hice una denuncia penal hace poco tiempo el fiscal me dijo que iban a tener que intervenir un teléfono, me intervinieron el mío por una denuncia que hice sobre un presunto caso de instigación al suicidio y el fiscal me avisó, cuando lo intervenían y cuando lo desintervenían. Ese es el proceder correcto. Es muy raro todo esto. Hace un mes montaron un circo en la Municipalidad de Santa Fe y ahora es el circo de Pullaro. Ahora esa persona termina siendo colaborador político del diputado Busatto, con militancia en el peronismo. Por lo menos es sospechoso.
Traferri en este punto fue más cauto y dijo desconocer dónde se filtró la escucha para que llegue a los medios de comunicación y reclamó un mecanismo claro «para que estas cosas no pasen». A partir del caso del fiscal Fernando Rodrigo, que actuaba en la ciudad de Rosario y que en agosto pasado fue denunciado por pinchar los teléfonos de su exnovia y de allegados a la mujer, en la Fiscalía Regional de Rosario se armó un protocolo de cómo se debía proceder para realizar una intervención telefónica. Este jueves se conoció que con fecha del 1 de noviembre el fiscal Regional de Santa Fe, Carlos Arietti, tomó una decisión similar a partir del pinchazo a la línea del ministro de Seguridad.
El legislador por San Lorenzo se mostró contrario a que las escuchas se difundan por todos los medios y aseguró que «eso atenta contra el sistema». «Yo soy partidario de respetar la división de poderes y si bien tiene que haber diálogo entre los poderes, no podemos interferir entre ellos, como no concibo que se interfiera en el legislativo bajo presión. Por eso hay que parar la pelota y dejar que la Justicia trabaje».
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