La fuerza policial suma otro suicidio. En este caso, un joven de 25 años que tomó esa terrible decisión
Era oriundo de San Joaquín, departamento Garay, y sus camaradas lo recuerdan como un joven compañero ejemplar, sin maldad, comprometido con su trabajo y siempre dispuesto a ayudar.
El fallecimiento del Suboficial Bruno Escobar, ocurrido en la ciudad de Rosario, vuelve a sacudir con crudeza a la familia policial santafesina.
Tenía apenas 25 años, era oriundo de San Joaquín, departamento Garay, y sus camaradas lo recuerdan como un joven compañero ejemplar, sin maldad, comprometido con su trabajo y siempre dispuesto a ayudar.
El caso de Bruno Escobar no es un hecho aislado, ni puede seguir siendo tratado como una tragedia individual o privada. Forma parte de una secuencia dolorosa que se repite y se profundiza, mientras la respuesta oficial oscila entre la negación, el silencio y la banalización burocrática.
En reiteradas publicaciones, APROPOL ha advertido sobre esta problemática estructural. Los títulos cambian. El patrón se repite.
Prevención formal, desprotección real
Desde APROPOL hemos solicitado formalmente información oficial sobre la cantidad de suicidios, intentos, licencias psiquiátricas y dispositivos de acompañamiento existentes, con el objetivo de investigar seriamente el fenómeno y proponer soluciones concretas.
El resultado es el silencio.
El expediente administrativo iniciado no ha sido respondido, lo que configura una dolosa tarea de ocultamiento por parte de la gestión provincial. No se trata de desorden ni de demora: se trata de una decisión política de no mirar.
A ello se suma otro dato grave: la negativa sistemática a activar los Comités Mixtos de Salud y Seguridad en el Trabajo, previstos por la Ley Provincial N.º 12.913, que garantizan la participación paritaria de los trabajadores para detectar riesgos psicosociales, condiciones laborales dañinas y situaciones de emergencia.
No hay comités.
No hay estadísticas públicas.
No hay política preventiva real.
Cuando el Estado abandona, la soledad mata.
Jornadas excesivas,
Salarios deteriorados,
Presión jerárquica constante.
Estigmatización del que pide ayuda.
Licencias médicas cuestionadas,
Y un discurso oficial que habla de “cuidado” mientras practica castigo y sospecha.
La salud mental, en este contexto, se convierte en un problema individual cuando en realidad es un problema institucional y político.
