Cuatro años de prisión al hombre que adquirió 7 armas de fuego como legítimo usuario y luego las desvió al mercado ilegal
Un hombre de 32 años identificado como Brian Armando Aquino fue condenado a cuatro años de prisión por haber adquirido como legítimo usuario siete armas de fuego que luego desvió hacia el mercado ilegal, haciendo de dicho accionar una actividad habitual. Así lo resolvió la jueza Susana Luna en un juicio oral y público que finalizó hoy en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
La fiscal del Equipo de Trabajo para el Abordaje Estratégico de Armas de Fuego de la Fiscalía General, Juliana González, realizó la investigación e intervino en el debate.
Luego de la lectura del veredicto, González sostuvo que “si bien valoramos que la atribución delictiva se haya considerado acreditada, esperaremos a conocer los fundamentos del fallo para evaluar los pasos a seguir, considerando que esta Fiscalía pretendía una pena superior en función de la gravedad de los hechos”.
Asimismo, la fiscal que investigó los ilícitos destacó que “tal como lo habíamos solicitado en nuestros alegatos, la magistrada inhabilitó por 10 años al condenado para poder ser autorizado nuevamente a ser legítimo usuario de armas de fuego”.
El caso se encuadra en los Objetivos Priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal. La investigación se inició a raíz de un convenio de colaboración firmado en abril de 2024 por la Fiscal General, María Cecilia Vranicich, la entonces ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC —actual Registro Nacional de Armas (RENAR)—), Juan Pablo Allan, para controlar y reducir la circulación indebida de armas de fuego.
Dos de nueve armas
González indicó que “cuando detectamos indicios del accionar ilícito, Aquino tenía registradas a su nombre cinco pistolas calibre 380 y cuatro calibre nueve milímetros”, y especificó que “en bases de datos oficiales figura que adquirió un arma en 2021, otra en 2023, otra en 2024 y seis el año pasado”. Al respecto, precisó que “dos de esas operaciones se concretaron mediante transferencias de legítimos usuarios y las demás fueron en tres armerías ubicadas en la ciudad de Santa Fe”.
“Para lograr su objetivo delictivo, el condenado se valió de la autorización legal que poseía para tener armas de fuego”, remarcó la fiscal. “De forma habitual, Aquino compraba pistolas y se las entregaba a personas que no tenían la correspondiente credencial de legítimo usuario”, señaló y agregó que “generaba un serio peligro para la ciudadanía por volcar al seno de la sociedad armas de alto poder ofensivo”.
Además, González planteó que “el condenado no tenía la capacidad patrimonial suficiente para justificar de manera lícita sus adquisiciones, por lo que concluimos que vendía las armas a precios mayores a los de las que se ofrecen en el mercado legal y usaba parte de las ganancias para comprar nuevas y repetir el circuito”.
En cuanto a la detención de Aquino, la funcionaria del MPA detalló que “fue en el marco de un allanamiento realizado el miércoles 3 de diciembre del año pasado por la Policía Federal Argentina (PFA) en la zona oeste de la capital provincial, donde él residía”, y resaltó que “en ese operativo, se le secuestraron sólo dos de las nueve armas que tenía a su nombre”. Según manifestó, “las siete que faltaban habían sido destinadas al mercado ilegal, dado que no tenían pedido de secuestro ni denuncias por robo, hurto ni extravío”.
En particular, la fiscal hizo referencia a que “una de las pistolas 380 que le pertenecían a Aquino fue secuestrada en noviembre de 2023 en poder de un hombre que meses después fue condenado por una tentativa de homicidio cometida con esa arma”.
Por último, González subrayó que “como legítimo usuario, Aquino tenía el deber de informar el destino de las siete armas faltantes”, y añadió que “incluso durante todo el proceso penal, el autor de los ilícitos tuvo sobradas oportunidades de aclarar la situación, poner a disposición el armamento y explicar qué es lo que ocurrió con las armas, pero optó por no hacerlo”.
En tal sentido, afirmó que “de manera deliberada, ocultó la identidad de las personas a las que se las dio, así como las fechas y los lugares de los intercambios”.
“El daño a la seguridad ciudadana es elevado por el eventual empleo de cualquiera de esas armas en otro hecho delictivo, por lo que debemos velar por la tranquilidad y la paz de todos los habitantes”, concluyó.
Provisión agravada
Aquino fue condenado como autor de provisión ilegal de armas de fuego agravada por habitualidad.
